Panamá: Reformas al Código Minero, ¿Un Paso al Desarrollo?
La puesta en marcha de las reformas al Código de Recursos Minerales en Panamá supone para la administración Martinelli, un paso fundamental en el modelo de desarrollo económico, estimulado en gran medida por la inversión extranjera y en este caso, la explotación de recursos naturales a lo largo y ancho de la república por parte de naciones extranjeras, aún desconociendo acuerdos internacionales sobre materia ambiental, laboral y agraria, e incluso sobre la propia soberanía del Estado nacional.
La aprobación de estas reformas, la expectativa mundial por la segunda reserva mundial de cobre, después de Chile, así como la reiterada afirmación del presidente panameño sobre la presencia de petróleo, coloca a Panamá en el mapa mundial del mercado minero y genera una feroz competencia por la adjudicación de tierras en una extensión territorial no mayor de 78,200 km₂, que comprende la superficie total de este pequeño istmo centroamericano.
Ya en décadas pasadas en Panamá se había considerado, basados en la experiencia de Chile, la explotación minera como fuente de desarrollo nacional, identificando áreas que hasta entonces eran poco pobladas y a la vez se desconocía el impacto que podría causar dicha actividad sin los controles ni las previsiones pertinentes. Hoy, después de varios años, gracias al compendio de estudios, análisis y experiencias, podemos tener la certeza del impacto no solo ambiental, sino político y social que implica para los países permitir que la minería avance sin los controles adecuados de rigor que evidentemente escasean para Panamá, ejemplo de ello, las consecuencias irreversibles en Petaquilla a raíz de la minería a cielo abierto en un país netamente tropical.
Irónicamente, y para la bondad de los intereses del capital, las zonas con mayores extensiones de yacimientos mineros, pertenecen a un número considerable de habitantes de pueblos originarios, mismos con altos índices de pobreza y marginalidad, producto del abandono del Estado en la implementación de políticas de desarrollo sostenible, servicios básicos y educación, lo cual en definitiva los convierte en sujetos de oferta arbitraria por parte de los inversionistas, quienes ven en la necesidad humana la oportunidad de la apropiación de la riqueza de la tierra.
De momento parece poco probable una rectificación razonable y sensata que detenga las reformas al Código de Recursos Minerales por parte del mandatario de Panamá, reformas arrojadas desde el seno de las partes interesadas, sin la participación alguna de los sectores afectados. Ricardo Martinelli y su gabinete se limitan a reafirmar las garantías económicas que representarían estas inversiones extranjeras, en un país que registra un crecimiento económico que va por el 8% pero con una brecha desigual que cada día se profundiza, una deuda social que igualmente se incrementa y un Estado de Derecho cada vez mas inexistente.
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